ATAN  

Alegaciones presentadas por ATAN al puerto deportivo en Mesa del Mar "Parque Marítimo Guayonje", en la costa de Tacoronte.


SR. VICECONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS

D. .........., con D.N.I. nº ......, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE AMIGOS DE LA NATURALEZA (ATAN), con domicilio social, a efectos de notificaciones, en el apartado de correos 1.015, de Santa Cruz de Tenerife, comparece y EXPONE:

Que estando en período de información pública, el estudio de impacto ambiental y demás documentos obrantes en el expediente de la concesión administrativa para la construcción y explotación de un puerto deportivo "Parque Marítimo Guayonje" en Mesa del Mar, en la costa de Tacoronte, por medio del presente escrito viene a formular las siguientes:

ALEGACIONES

Primera.- El proyecto de referencia afecta directamente al espacio natural protegido denominado Paisaje Protegido Costa de Acentejo, el cual tiene como específico objeto de protección el carácter acantilado del paisaje.” Evidentemente, toda intervención territorial que implique una afección negativa de los valores paisajísticos de este singular entorno contraviene el espíritu y la letra de la citada Ley. Precisamente, en la actualidad se está tramitando su instrumento de ordenación, el correspondiente Plan Especial elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en cual, en su documento de de Avance establece, dentro del régimen jurídico de aplicación, que “los usos prohibidos serán aquellos que supongan un peligro presente o futuro, directo o indirecto, para el espacio natural o cualquiera de sus elementos característicos, y resulten, por lo tanto, incompatibles con las finalidades de protección de espacio natural”. Concretamente, considera como uso o actividad prohibida “cualquier actividad o proyecto que resulte incompatible con la finalidad y objetivos de conservación de los recursos naturales del paisaje”.

Por tanto, prima el interés general materializado en la conservación de los valores objeto de protección del espacio natural por encima del interés privado, de los promotores del puerto deportivo.

 

Segunda.- el proyecto de referencia afecta al ámbito de protección de la zona Arqueológica de los Acantilados, que cuenta con incoación para su declaración como bien de Interés Cultural, por tanto, le es de aplicación el régimen de protección previsto en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. Por tanto, como en el caso anterior, prevalece el interés general representado por la preservación de los bienes patrimoniales presentes en la zona por encima del interés privado de los promotores del proyecto.

Tercera.- En cualquier caso, el proyecto carece de la preceptiva y vinculante cobertura urbanística y de ordenación territorial.

El proyecto de puerto deportivo en el litoral de Tacoronte carece de cobertura legal, entre otros motivos, por los siguientes aspectos: el proyecto deberá sujetarse a las Directrices de Ordenación y a los Planes Insulares de Ordenación, en los supuestos en que alguna de sus previsiones tuviera incidencia territorial; por tanto, en ningún caso esta propuesta puede elaborarse al margen de estos dos instrumentos, condicionarlos o contradecirlos. Al respecto hay que señalar lo siguiente:
A) El Plan Insular de Ordenación de Tenerife, aprobado por Decreto 150/2002, de 16 de octubre la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, establece los criterios para la elaboración de los instrumentos de planeamiento y, entre ellos, los relativos a la ordenación de los recursos naturales. El PIOT tiene el carácter de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en el ámbito insular; en el caso concreto del Medio Marino, se completará la ordenación de dicho ámbito mediante un Plan Territorial Especial de Ordenación de de los Recursos Naturales del Medio Marino.

El Plan Territorial Especial de Ordenación de los Recursos Naturales del Medio Marino tiene por finalidad ordenar el ámbito marino de la isla de Tenerife en la extensión marina entre la ribera del mar y la cota batimétrica 300 ó, en su caso, la que se estime justificadamente conveniente, sin perjuicio del análisis territorial de las actividades con incidencia ambiental sobre la conservación de los recursos marinos. En ese Plan se establecen los criterios para el desarrollo de la ordenación del litoral tinerfeño señalando que dicho litoral es un territorio singular, diverso y escaso, muy requerido para el emplazamiento de múltiples usos e instalaciones; por ello es especialmente necesario ordenar cuidadosamente la organización multifuncional del espacio, haciendo compatibles los intereses, usos y aprovechamientos públicos y privados con la salvaguarda de los recursos naturales, paisajísticos, culturales y científicos. (2.3.4.4.1-D).
En el apartado 2.3.4.4.2-D, continúa señalando que la ordenación específica de las áreas costeras debe alcanzar el contenido exigido en los Planes Territoriales Parciales de Ordenación del Litoral (POL) en el artículo 1.2.6.3.

Los Planes Territoriales Parciales vienen definidos en la sección 6 del Título I; son normas de Aplicación Directa que podrán referirse, entre otros ámbitos territoriales, a los espacios litorales y constituyen “instrumentos de planeamiento que tienen por objeto la ordenación integrada de partes concretas del territorio, diferenciadas por sus características naturales o funcionales, para la concreción del modelo territorial insular establecido por el PIOT; se corresponden con los Planes Territoriales Parciales que define el DL 1/2000” (1.2.6.1.1-E).

El artículo 1.2.6.3. del PIO establece que los Planes Territoriales Parciales de Ordenación del Litoral tienen por objeto la ordenación de los ámbitos adscritos a áreas de regulación homogénea costeras o litorales, desarrollando las disposiciones que el PIOT establece en la sección 4ª del capítulo 3 del Título II.

El POL deberá definir el modelo de ordenación del espacio litoral en coherencia con el modelo de ordenación comarcal establecido por el PIOT y, en su caso, desarrollado por otros planes. Todos estos planes vincularán de manera directa la ordenación de la franja litoral terrestre con la marina, adecuando sus determinaciones a las condiciones globales del litoral.

Como señala el apartado 1.2.6.3.7-R: “En la zonificación y en la regulación de los usos primarán criterios de protección de los recursos litorales, limitando la posibilidad de implantación de infraestructuras e instalaciones (tales como las portuarias, industriales, recreativas, etc.) en función de la capacidad de acogida. A este respecto se tendrá en cuenta el valor ecológico de los espacios litorales acuáticos y terrestres, las áreas de fondos singulares, los valores paisajísticos del entorno marítimo-terrestre y los lugares que contienen elementos de valor cultural o científicos destacados”.

El apartado 11 del mencionado artículo (1.2.6.3.) señala que el PIOT establece la obligatoriedad de la formulación de Planes de Ordenación Litoral sobre cada uno de los ámbitos costeros que se indican, entre los que se encuentra el denominado Costa de Acentejo y de la costa de La Laguna, desde el límite municipal entre La Orotava y Santa Úrsula hasta el límite del Parque Rural de Anaga.

Precisamente donde se encuentra el tramo de costa donde se pretende instalar el puerto deportivo, por tanto, cualquier actuación en dicho tramo, requeriría la previa formulación de un Plan de Ordenación Litoral o, en todo caso, ser conforme con los criterios de protección especificados en el apartado 1.2.6.3.7-R.

Por otro lado, en relación con la ordenación territorial propuesta por el Plan Insular de Ordenación, hay que señalar que la zona afectada también se encuentra dentro de las previsiones contempladas en el Título II, Sección 4ª, de dicho Plan, concretamente, se trata de un Área de protección Ambiental 3, que tiene como objetivo común, entre otros, la conservación y aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, garantizar la conservación de los ambientes más sensibles del medio marino insular, fomentando una política de protección activa de los mismos, estableciendo un mandato dirigido a la propia Administración de mantener criterios restrictivos para la autorización de actos de uso o intervención, asegurando los valores de estas zonas.

B) Las Directrices de Ordenación

Las Directrices de Ordenación son definidas en el artículo 15.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, como el instrumento de planeamiento propio del Gobierno de Canarias que integra la ordenación de los recursos naturales y del territorio.

La Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de ordenación del Turismo de Canarias, establece, en las Directrices 5.2, 140.1.a) y 140.3 de Ordenación General, la obligación de formular de forma inmediata, entre otras, las Directrices de Ordenación del Litoral, que deberán estar aprobadas en el plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de la citada Ley.

Dicha Ley, a través de las Directrices 5.3 y 57 de Ordenación General, establece los objetivos globales y específicos, respectivamente, que deben desarrollar las Directrices de Ordenación del Litoral.

La Directriz 57, Ordenación del litoral, (ND) establece los siguientes objetivos específicos:

1. En el marco de estas Directrices, se formularán unas Directrices de Ordenación del Litoral, orientadas hacia una disminución de la presión urbana e infraestructural en el litoral y su regeneración, recuperación y acondicionamiento para el uso y disfrute públicos
2. El planeamiento insular y, en su marco, el planeamiento general considerarán el espacio litoral como una zona de valor natural y económico estratégico, notablemente sobreutilizada, orientando sus determinaciones en consonancia con tales circunstancias.
3. Los Planes Insulares de Ordenación delimitarán ámbitos que conforme unidades litorales homogéneas, con entidad suficiente para su ordenación y gestión, y establecerán determinaciones para su desarrollo mediante Planes Territoriales Parciales que tengan por objeto la protección y ordenación de los recursos litorales, así como la ordenación de las actividades, usos, construcciones e infraestructuras susceptibles de ser desarrollados en el espacio litoral.
4. Cuando la línea de litoral se encuentre ya clasificada como suelo urbano o urbanizable o categorizada como asentamiento rural, u ocupada por grandes infraestructuras viarias, portuarias o aeroportuarias, el planeamiento podrá ordenar los terrenos situados hacia el interior conforme al modelo territorial que se establezca. Cuando la línea de litoral no se encuentre ocupada, la implantación de nuevas infraestructuras y la clasificación de nuevos sectores de suelo urbanizable en la zona de influencia del litoral, de 500 metros de anchura, medidos a partir del límite interior de la ribera del mar, tendrá carácter excepcional y habrá de ser expresamente previsto y justificado por las Directrices de Ordenación sectoriales y el planeamiento insular. Todo ello, sin perjuicio de las competencias sectoriales que no se encuentren dentro del ámbito autonómico de decisión.

Con el fin de dar cumplimiento al mandato legal de formulación de las Directrices de Ordenación del Litoral, la Consejería de Medio ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, dicta el Decreto 28/2004, de 23 de marzo, por el que se acuerda iniciar el procedimiento de elaboración de las Directrices de Ordenación del Litoral (BOCA nº 66, 5 abril 2004).

El Gobierno de Canarias, al dictar el citado Decreto no consideró necesario la adopción de medidas cautelares de suspensión de cualesquiera instrumento de ordenación previstos en el Texto Refundido y del otorgamiento de licencias urbanísticas; facultad que le otorga el artículo 14.6 del Texto Refundido.

En cualquier caso, cualquier actuación que se pretenda realizar en este tramo de costa al menos deberá ser coherente con los objetivos especificados en la citada Ley 19/2003 (Directriz 57) y a su vez puesto en relación con lo dicho anteriormente para el Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral.

C) Plan Territorial de Ordenación de Puertos

El PIOT, a su vez, regula en el Título III, Sección 3ª, del Capítulo 3º, los criterios sobre la ordenación de las infraestructuras portuarias, previendo la necesidad de formulación de un Plan Territorial Especial de Ordenación de Puertos, con carácter de Plan de Infraestructuras. Dicho Plan se formulará en coordinación con lo establecido por el Plan Territorial Especial de Ordenación de los Recursos marinos y de los Planes Territoriales Parciales de Ordenación del Litoral de los tramos donde se ubiquen tales infraestructuras.

Esta previsión hay que ponerla en relación con lo dispuesto al respecto en la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias y su Reglamento.

En tal sentido, el artículo 8 de la Ley y de su Reglamento dispone que: “El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias del litoral de Canarias, que constituye el instrumento normativo de la política sectorial, deberá contener las previsiones, objetivos, prioridades, criterios de definición del modelo de la oferta de equipamientos y servicios al sector portuario, criterios medioambientales, territoriales y urbanísticos, y la ordenación de las distintas instalaciones y obras portuarias.

La programación y construcción de dichas obras requiere previamente su inclusión en el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias (arts. 8.1 LPC y RLPC).

Por otro lado, en cuanto a las relaciones entre el planeamiento territorial y urbanístico y la planificación portuaria, La ley de Puertos y su Reglamento establecen lo siguiente: “Las determinaciones del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, como Plan Territorial Especial, se ajustarán a las determinaciones de las Directrices de Ordenación y de los Planes Insulares vigentes al tiempo de su formulación.” (arts. 15.1 LPC y RLPC).

En esta línea, en el artículo 16. 2, del Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de Canarias, se establece que: “solo podrán ejecutarse los puertos e instalaciones marítimas previstos en el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, sin perjuicio de la posibilidad de realizar obras no incluidas en el Plan en los supuestos de reconocida urgencia o excepcional interés público debidamente apreciados por el Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.3 de este Reglamento.”

Por todo lo expuesto,

SE SOLICITA, tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y por formuladas las alegaciones que contiene, para que, a la vista de lo manifestado, acuerde denegar la solicitud planteada por carecer de cobertura legal para su aprobación, procediendo a archivar el expediente.

En Santa Cruz de Tenerife, a uno de diciembre de 2006

 

 

1 Diciembre 2006