ATAN

Las Teresitas, la playa sin ley.



La playa de Las Teresitas lleva mucho tiempo ocupando amplios espacios en los medios informativos, los mismos años que lleva sumida en el abandono por parte de las autoridades públicas. El tiempo pasa y Las Teresitas sigue igual, carece de megafonía, la vigilancia es escasa, la iluminación inexistente, motos de aguas navegan entre bañistas, es frecuente ver perros - y a sus incívicos dueños- paseando por la arena, se le ha retirado la bandera azul, es indignante la falta de servicios y la carencia de mantenimiento (la ducha del acceso dos lleva varias semanas averiada sin que nadie se ocupe de arreglarlo). En tantos años las instituciones públicas no se gastado prácticamente nada en la playa, la única inversión notable se hizo para reponer la arena perdida. Sin embargo, Las Teresitas ya ha hecho multimillonarios a varios empresarios, y los vecinos, por si fuera poco, hemos tenido que pagar más de 57 millones de euros por unos terrenos, el frente de playa, de ignorada superficie por la inexistencia del deslinde con el dominio público marítimo terrestre.

El cuatro de octubre del año 2001 Las Teresitas era noticia en el periódico El Día con el siguiente titular: "La Corporación capitalina negocia con la Dirección General [$)A!-] una vez que el deslinde efectuado por Costas está plenamente de acuerdo con los intereses del Consistorio". El teniente de alcalde, Manuel Parejo, dijo al periodista que "La Dirección General de Costas ha elaborado un deslinde de terrenos, los que corresponden a una y otra administración completamente favorable al proyecto inicial del arquitecto francés". El alcalde añadía que "había tres posibilidades de deslinde (no especifica ninguna) y Costas ha elaborado un informe que es muy bueno para lo que nosotros queríamos". En Costas le dice al periodista que no confirma pero tampoco niega estas declaraciones, pero añaden: "lo que si tenemos claro es que será respetuosa con la sentencia emitida en 1998 por el Tribunal Supremo".

Han transcurrido casi cinco años desde que se hicieron estas declaraciones, todavía no se ha hecho el deslinde y nadie ha pedido explicaciones, excepto ATAN, de esta genuina muestra del surrealismo de la política canaria. Tanto el ayuntamiento de Santa Cruz, como la Demarcación de Costas, parecen desconocer la legislación que se aplica para establecer el deslinde del dominio público; por un lado, el consistorio propone un límite (sin más justificación que la invocación de la sentencia del tribunal Supremo de 1998 que no tiene nada que ver con el deslinde pues éste no era objeto de controversia entre las partes) que privatiza muchos terrenos ganados al mar. La demarcación de Costas "olvida" que el dominio público lo establece la Constitución y la Ley de Costas de 1988. El artículo 132.2 de la Constitución dice: "Son bienes de dominio público estatal los que
determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental." Y la Ley de Costas considera dominio público "Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino u otras causas naturales o artificiales". También incluye, hasta su coronación, los acantilados sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público y todos los terrenos ganados al mar como consecuencia
directa o indirecta de obras o desecado de sus riberas.

No hay discusión posible sobre donde debe estar la línea del dominio público. La mayor parte del frente actual de la playa son terrenos ganados al mar y, por tanto, como dice la Constitución, son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables y no existe ningún problema para su delimitación pues se dispone de cartografías, fotos aéreas, numerosísimas imágenes y el testimonio de los que todavía recordamos la antigua playa de Las Teresitas.

No es, por tanto, como decía el alcalde hace cinco años, un tema negociable entre las dos administraciones y solo les cabe cumplir con la Constitución y las leyes; ni el ayuntamiento ni Costas tienen capacidad para modificarlas y favorecer con ello inexplicados intereses particulares. Cómo dice la Ley de Costas en su Exposición de Motivos: "Se ha considerado conveniente eliminar la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados o de cualquier otra porción del dominio público como consecuencia de la realización de obras, ya que estas actuaciones proporcionan frecuentemente cobertura a operaciones de especulación inmobiliaria, y en todo caso van detrimento del dominio público."

En octubre del 2001 Miguel Parejo decía: "El deslinde es un paso previo a la urbanización al igual que lo es el preceptivo informe sobre el impacto medioambiental o un estudio sobre la escollera". Cinco años más tarde el ayuntamiento ha aprobado un plan de actuación en Las Teresitas, ha pagado 8.750 millones de las antiguas pesetas por los terrenos del frente de playa y ha anunciado a bombo y platillo el comienzo de las obras, pero sigue sin aprobarse el deslinde marítimo, no han presentado a información pública ningún estudio de impacto, los usuarios seguimos sufriendo y pagando las consecuencias del abandono de la playa y del pelotazo inmobiliario y, para colmo, continúan actuando como si el estado de derecho no tuviera nada que ver con ellos.

El deslinde propuesto por el ayuntamiento es la prueba evidente. No cabe alegar ignorancia cuando se pretende amparar ilegalmente la usurpación del dominio público con la complicidad, según dicen en sus declaraciones, de la Dirección General de Costas. Afortunadamente, el propio estado de derecho establece los ecanismos para denunciar estas actuaciones, entre ellos, el previsto en el artículo 124 de La Constitución que obliga el Ministerio fiscal a"promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados".

 

Eustaquio Villalba Moreno
Portavoz de ATAN

 

20 Julio 2006


Santa Cruz


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