ATAN

El aval de ATAN.

En las últimas semanas la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza ha sido noticia en los distintos medios de comunicación; esa constante presencia obedece a las denuncias y actividades que desarrolla ATAN y éstas, cada vez interesan más a la opinión pública. Otro de los motivos ha sido el auto de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias relativo a la playa del Roque en La Palma; como ya se conoce, el Tribunal dio la razón a ATAN y acordó la suspensión de las obras. Pero, para hacerla efectiva, exige un aval de 200 millones de pesetas. Las críticas y denuncias de ATAN, también han dado lugar a la polémica en los medios de comunicación. Es el caso del Plan de Senderos, la aprobación por parte de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de la extracción de tierras en La Albarrada en el Hierro o la del Parque Ecológico en Arona. Estas circunstancias invitan a la reflexión, a plantearse el papel de las organizaciones no gubernamentales y sus métodos de trabajo.

El aval de 200 millones cuestiona la viabilidad de las organizaciones que actúan sin ánimo de lucro, movidas por la solidaridad y amparándose en los derecho básicos que figuran en la Constitución Española. Si un auto de este tipo sentara jurisprudencia, cortaría de raíz una de las actividades esenciales de cualquier grupo ecologista: denunciar, cuantas veces haga falta, los incumplimientos de la legislación medio ambiental, tanto de los particulares como, y con más razón, de las instituciones públicas. El auto supone limitar la participación de los ciudadanos en los asuntos que afectan a la colectividad. De acuerdo con el criterio de la Sala, sólo las organizaciones o personas que cuenten con un elevado patrimonio podrán acudir a los tribunales para denunciar las actuaciones de las Administraciones Públicas o de la iniciativa privada, que no se ajusten a lo establecido por las leyes. Creemos que autos como éste afectan al elemento clave de un estado de derecho: la tutela judicial efectiva. La polémica desborda el marco de lo estrictamente jurídico, afecta al funcionamiento de un estado democrático, al control de los poderes públicos por parte de quién ostenta la soberanía nacional: el pueblo.

Las críticas que se han vertido contra ATAN tienen en común que no entran en los argumentos sino que se limitan a descalificar nuestra labor. Dejando al margen la polémica sobre La Albarrada -un evidente caso de actuación arbitraria de la Consejería de Política Territorial y de la C.U.M.A.C.- la denuncia del Plan de Senderos y, en concreto, de las obras que se están llevando a cabo en el Barranco del Infierno, ha generado una agria polémica en los medios de comunicación. La reacción del consejero responsable del área en el Cabildo de Tenerife ha sido la de acusarnos de falta de información, aunque no especifica en ningún momento en que se basa para afirmarlo tan rotundamente. En realidad, son los hechos los que demuestran lo contrario, tanto el Cabildo como la Viceconsejería de Medio Ambiente no se han mirado el proyecto de sendero del Barranco del Infierno. Si lo hubiesen estudiado, se habrían dado cuenta de un hecho que lo invalida: mientras que en la memoria se dice que la longitud aproximada del sendero es de 2.980 metros, en el plano número 1 a escala 1:6000 del anexo cartográfico es de 4.100 metros, un error del 37 %. Esta disparidad se produce porque los autores sitúan la cascada donde termina el sendero, a más de un kilómetro aguas arriba de donde realmente está. Además, este plano no reúne los requisitos mínimos que se exigen en cartografía para ser considerado un mapa, es un simple dibujo. No está georeferenciado y, por tanto, carece de coordenadas que permitan situar los puntos correctamente y compararlos con los de otros mapas. La consecuencia es que muchos topónimos están fuera de sitio. Es imposible llevar a la práctica este proyecto a no ser que se pretenda romper la cascada. Si esa no es la intención de los redactores, queda claro que no saben localizar en el mapa el sendero que pretender ejecutar, eso es algo de sentido común.

La desinformación -suponemos que no desinterés- del Cabildo y de la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre lo que se está haciendo en el Barranco del Infierno es manifiesta: En el proyecto en el capítulo cuatro dedicado a las secciones constructivas y en la sección 13 (S13), está previsto un pontón de madera cuyo costo es de 500.000 pesetas. También aparece en el presupuesto una partida de 300.000 pesetas para retirar las tuberías abandonadas y llevarlas al vertedero. Pues bien, si las instituciones que tienen la obligación de controlar las obras que se hacen con el dinero público se lo tomaran en serio podrían comprobar que el pontón no es de madera, es de mampostería y los travesaños se han hecho con las tuberías abandonadas.

También se acusa a ATAN de sacar de quicio la bandera del impacto ambiental, de desconocer la ley del sentido común, de talante fariseo o de confundir la poda de seis sauces con una deforestación. En realidad nuestra asociación se ha limitado a denunciar los incumplimientos legales, entre ellos el preceptivo estudio de impacto ecológico al ser una obra financiada con dinero público. En cuanto a los cortes en los sauces se está obligado a contar con el correspondiente permiso de Medio Ambiente, sea uno o cientos los sauces podados. Es muy posible que desconozcamos la ley del sentido común que maneja la empresa autora del proyecto y de su ejecución, pero lo que queda claro que no desconocemos las leyes que se aplican en éste y en parecidos casos y, mientras se sigan dando incumplimientos de la legalidad, seguiremos recurriendo a las instancias correspondientes.

Otra de las acusaciones que se le hace a ATAN es la de practicar la denuncia por la denuncia contribuyendo con ello a la desilusión; los que hacen este tipo de críticas olvidan que los que generan desilusión son aquello que creen que pueden actuar al margen de la normativa. Precisamente, los éxitos que está teniendo nuestra Comisión Jurídica nos ayudan a mantener la ilusión y a seguir trabajando por la conservación de los recursos naturales. Es la prueba de que el esfuerzo no está siendo baldío. Casos como el de la Lomada del Machal en la Gomera o el auto suspendiendo las obras del puerto de Santa Cruz de la Palma son claras evidencias de que nuestras denuncias son rigurosas y bien fundamentadas.

El aval de ATAN no se encuentra en su pobre patrimonio, está en la ilusión de todos los que trabajamos de manera desinteresada y solidaria para que nuestras islas no dilapiden sus recursos naturales; está en el esfuerzo que dedicamos a la educación ambiental y a la divulgación de los valores que tienen nuestra naturaleza y nuestros paisajes. No tenemos doscientos millones, pero si tenemos el enorme capital que supone un montón de gente que colabora de manera desinteresada para que nuestras islas no sean machacadas por la desidia o la arbitrariedad de las instituciones públicas y por aquellos que buscan, a costa del interés común, el beneficio fácil y rápido.

7 de Octubre 1993


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