LA AUTORIDAD PORTUARIA SE SALTA EL OBLIGATORIO INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PUERTO DE GRANADILLA. TODO VALE, PARA LOS DEL "SÍ A TODO".

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Atan interpone un Recurso contra la modificación sustancial del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Pto de Granadilla, dicha modificación del Plan debe someterse a la Evaluación Ambiental preceptiva, pero no aparece por ninguna parte, sin embargo, la Autoridad Portuaria se felicita por haber evitado dicho trámite del PUEP.(ver adjuntos)
LA FARSA DE LA EVALUACION AMBIENTAL DE PLANES Y PROYECTOS. EL PUEP DEL PUERTO DE GRANADILLA Y LA SENSIBILIDAD AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN. EL PLAN DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PORTUARIOS (PUEP) APROBADO SIN EVALUACIÓN AMBIENTAL
     Recientemente ATAN ha formalizado la demanda contra la modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Granadilla, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, aprobada por la Orden del Ministerio de Fomento FOM/616/2011, de 11 de marzo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 23 de marzo de 2011. Esta Orden viene a modificar el hasta entonces vigente Plan de Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de Granadilla (PUEP), aprobado por la Orden FOM/469/2004, de 13 de febrero (BOE núm. 49, de 26 de febrero), para adaptarlo a la nueva configuración del puerto, como consecuencia de las determinaciones contenidas en el Dictamen de la Comisión Europea de 2006 (DICTAMEN DE LA COMISION (COM(2006)XXX) con arreglo al artículo 6, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, sobre la “Solicitud del Reino de España en relación con el proyecto de construcción del nuevo puerto de Granadilla, Tenerife”).
   Dicha Orden (FOM/469/2004) también fue impugnado por ATAN, ante esa misma Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el procedimiento ordinario 231/2004, con Sentencia desfavorable, actualmente recurrida en Casación ante el Tribunal Supremo. Como en todos los expedientes relativos a esta infraestructura portuaria, nuevamente ha quedado al descubierto el desprecio que existe en el Estado  en relación por la legalidad medioambiental y el retraso tan grande en cuanto a la sensibilidad, especialmente la institucional, en relación con el desarrollo sostenible, la conservación del patrimonio natural, la prevención de impactos, etc.
  El procedimiento que se ha llevado a cabo para la modificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios (PUEP) del puerto de Granadilla ha prescindido del procedimiento legalmente establecido, ya que no se ha sometido a evaluación ambiental, conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Al respecto, consta en el expediente administrativo del procedimiento, escrito, de 1 de febrero de 2007, del Presidente de Puertos del Estado, dirigido al Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio ambiente, solicitando, no que informe acerca de si el PUEP está sujeto a la Ley 9/2006, sino que se le excluya de su aplicación. En respuesta a esta petición, por escrito, de fecha 29 de junio de 2007, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente, concluye lo siguiente: “Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, así como el que dicha actualización del PUEP no supone ninguna modificación del mismo que implique un desarrollo de nuevos proyectos susceptibles de Evaluación de Impacto Ambiental, se considera que dicha modificación no responde a los supuestos contemplados en el artículo 3 del ámbito de aplicación de la Ley 9/2006, al no cumplir la premisa establecida en el artículo 1, de que puedan preverse impactos significativos de dicho plan, por lo que no es objeto de evaluación ambiental conforme a la citada disposición”.
      Por el contrario, los fundamentos que informan esta normativa vienen marcados por la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; y son el principio de cautela y la necesidad de protección del medio ambiente a través de la integración de esta componente en las políticas y actividades sectoriales, con el fin de garantizar que las repercusiones previsibles sobre el medio ambiente de las actuaciones inversoras sean tenidas en cuenta antes de la adopción y durante la preparación de los planes y programas en un proceso continuo, desde la fase preliminar de borrador, antes de las consultas, a la última fase de propuesta de plan o programa.
       Este procedimiento de evaluación de impacto ambiental no está configurado como un mero trámite burocrático, ni una justificación de los planes, sino como un instrumento de integración del medio ambiente en las políticas sectoriales para garantizar un desarrollo sostenible más duradero, justo y saludable que permita afrontar los grandes retos de la sostenibilidad como son el uso racional de los recursos naturales, la prevención y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y la cohesión social.
       Sin embargo, parece que para la Administración promotora del PUEP, el procedimiento de evaluación ambiental no es más que un estorbo, un molesto trámite burocrático que dificulta el desarrollo de sus pretensiones al margen de los principios que deben inspirar la actuación de los poderes públicos; como son la preservación de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística; la precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres; contribuir a impulsar procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales; la promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural; la integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales; así como la garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Principios todos ellos recogidos actualmente en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
Esta actitud de la Administración promotora se refleja con meridiana claridad en el documento que figura en el expediente; se trata de un escrito del Presidente de Puertos del Estado, de fecha 23 de julio de 2007, dirigida al entonces Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, del siguiente tenor literal: 
Querido Luís: 
 Me es grato comunicarte la decisión del Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio ambiente (de cuyo escrito adjunto copia), mediante la que determina que la modificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de Granadilla no necesita someterse a evaluación ambiental.
Un abrazo”
     Se ve que el hombre no pudo contener la euforia por haber logrado que un plan de esta naturaleza, que pretende dar cobertura legal al puerto de Granadilla con todo lo que ello implica a efectos ambientales, como se está comprobando en la actualidad, ha sido excluido arbitrariamente del procedimiento de evaluación ambiental. Tremenda sensibilidad.
El PUEP del puerto de Granadilla planifica el desarrollo de actividades en el entorno de varios espacios protegidos, especialmente de la Zona de Especial Conservación Sebadales del sur de Tenerife. La ficha técnica de este espacio perteneciente a la Red Europea de Espacios Natura 2000, señala, entre otros aspectos, lo siguiente: 4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA:
Se trata de una amplia plataforma arenosa que alberga una de las praderas de Cymodosea nodosa más extensa del archipiélago y con un mejor estado de conservación. Constituye un hábitat de gran importancia como zona de cría para muchas especies de interés pesquero, además de albergar una gran biodiversidad de organismos asociados a estos ecosistemas. Tiene poblaciones del alga verde endémica Avranvillea canariensis y de la fanerógama marina Halophylla decipiens. 
4.3. VULNERABILIDAD
Vertidos de aguas residuales, construcciones portuarias, fondeos de embarcaciones, dragaos, extracción de arenas, construcción de playas artificiales, pesca artesanal y recreativa ilegales.  
ATAN noviembre de 2011

Origen: 
Artículo de Atan
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