PRIMERA CONDENA AL CACIQUISMO GOMERO

La Gomera pasó de isla sometida al poder señorial al dominio de los caciques, un termino incorporado a la historiografía española para designar a las “personas que en un pueblo o comarca ejercen excesiva influencia en asuntos públicos o administrativos” (RAE), o como lo define Mª Moliner, se trata de “personas que ejercen una autoridad abusiva en una colectividad; particularmente, el que en un pueblo se hace dueño de la política o de la administración, valiéndose de su dinero e influencia.” En los dos siglos transcurridos desde que se eliminaron las jurisdicciones señoriales en las Cortes de Cádiz, la población gomera ha estado sometida, tanto bajo las épocas constitucionales como en los periodos de dictaduras, a un régimen caciquil que  ha logrado sobrevivir a los tiempos y, desafortunadamente,  todavía sigue siendo el problema básico para el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. La sociedad gomera debería estar libre de coacciones, de controles y de actuaciones caciquiles que interfieren el funcionamiento del estado de derecho y, en consecuencia, afectan a la salud de la democracia.

La reciente condena del ex alcalde de Valle Gran Rey y actual parlamentario canario en las filas de Coalición Canaria, viene a ratificar que el caciquismo es incompatible con la democracia, que sus modos de actuación son delictivos porque solo buscan su interés particular a costa del general. Esteban Bethencourt, a pesar de lo que dice el presidente Paulino Rivero, es un delincuente condenado por usar el dinero de las instituciones públicas en su beneficio. Es, por tanto, un ladrón y no un presunto ladrón aunque el condenado tenga el derecho de acudir en casación al Tribunal Supremo. En realidad, el Presidente del Gobierno de Canarias no defiende al ex alcalde y parlamentario, es al sistema caciquil instalado en las islas donde el poder se lo reparten unas pocas marcas que, como ocurre con los sabores de los refrescos, solo albergan sutiles diferencias. Es lo que ocurre en la Gomera, donde todos los grupos políticos con representación en las instituciones actúan de la misma manera.

El PSOE es el partido hegemónico en la Isla, controla el cabildo desde hace decenas de años y su “vitalicio” presidente es un auténtico profesional de la política. De hecho, no se le conoce otro trabajo que el de su dedicación al servicio público. Acapara cargos políticos, colecciona premios y medallas, pero es incapaz de dar la cara y explicar las decisiones del Cabildo que han resultado contrarias al interés general, negativas para los presupuestos públicos y con graves consecuencias para los vecinos. Es lo ocurrido con la embotelladora de Taguluche,  promovida por Esteban Bethencourt con el apoyo y la financiación, entre otros, del cabildo. A pesar de las protestas de los vecinos, de las asociaciones conservacionistas como ATAN, de los manifiestos de los expertos que advertían de la ilegalidad del proyecto y de su grave afectación al medio ambiente, Casimiro Curbelo ni tan siquiera se molestó en recibir y escuchar a los vecinos, no quiso oír sus razones y ha tenido que ser la justicia quién parara el disparate. Todavía seguimos esperando sus explicaciones.

La fiscalía anticorrupción ha abierto diligencias (nº de procedimiento 0000070/2009) por la denuncia puesta por una vecina de Arure, con el apoyo de más de 400 firmas, al proyecto de la red de saneamiento y la granja de cochinos negros situada en el mismo pago. Las ilegalidades son reconocidas por el propio cabildo según consta en la contestación remitida a la denunciante por el Consejo Insular de Aguas, pero Casimiro sigue actuando como es propio del cacique supremo de la isla al ignorar las denuncias y despreciar a los vecinos. Por si esto fuera poco, el Cabildo miente en un comunicado de prensa en el que se afirma con rotundidad que las actuaciones de la institución siempre se ciñen a la legalidad. No le importa que los hechos digan lo contrario, la realidad es que proclama el cacique máximo.

La forma de gobernar de Esteban Bethencourt bajo la marca de CC es la misma que se sigue haciendo el actual consistorio de Valle Gran Rey bajo el emblema de la rosa y el puño. Cuando estaban en la oposición denunciaron la situación de la red de saneamiento de Arure y, cuando llegaron al poder aliándose con un tránsfuga, no solo continuaron con el proyecto sino que lo agravaron excavando un pozo filtrante de forma totalmente ilegal. ¿Qué han hecho los responsables del consistorio? Lo mismo que su antecesor, no informar, no dar explicaciones, a pesar de estar obligados por la ley, y seguir actuando al margen del interés público.

El único objetivo de estos personajes que controlan la sociedad gomera es mantenerse todo el tiempo posible en el poder; no importa la marca, lo importante para ellos es crear una red clientelar, en la isla y en Venezuela, que les asegure las victorias electorales y con ello alcanzar sus intereses particulares y las prebendas propias del cargo. Esperemos que el estado de derecho los ponga en su sitio (como ocurrió con la embotelladora de Taguluche) y contribuya al necesario cambio democrático que necesita, no solo la sociedad gomera, también la canaria.